BRUSELAS – Es un antiguo e interminable combate. Por un lado están los gruñones del riesgo moral, quienes afirman que una de las principales responsabilidades para quienes están a cargo de las políticas es establecer incentivos que demuestren que el comportamiento imprudente no paga. Por otro, están los partidarios de la estabilidad financiera, quienes consideran que la confianza en el sistema financiero es demasiado preciosa para ponerla en peligro, incluso con las mejores intenciones posibles.
Chipre es el campo de batalla más reciente entre ambos bandos. El 25 de marzo, una vez que la decisión de liquidar al segundo mayor banco del país e imponer en el proceso grandes pérdidas a los depositantes no asegurados estuvo tomada, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el ministro de economía holandés, declaró que un sector financiero saludable exige que «cuando asumes riesgos, debes lidiar con ellos». La meta, agregó, debería ser la creación de un entorno en el cual los ministros de economía europeos «nunca tengan que considerar una recapitalización directa» de un banco mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Parecía estar leyendo un libro de texto sobre riesgo moral.
Inmediatamente después de esta declaración, sin embargo, los precios de las acciones de los bancos europeos se desplomaron y Dijsselbloem fue acusado por muchos (incluso por algunos de sus colegas) de haber echado combustible a las llamas. En pocas horas, emitió una declaración indicando que «Chipre es un caso específico con desafíos excepcionales» y que el enfoque de la crisis europea «no está estandarizado».
Esto no convence. Los mercados aprenden en una crisis actual cuáles principios serán aplicados en la próxima. Y permitirles aprender es precisamente la idea en la lucha contra el riesgo moral.
Los responsables de políticas europeos han agonizado respecto del mismo dilema durante la crisis de Chipre. La carga del rescate de las instituciones financieras del país, aquejadas de problemas, era demasiado pesada para el ya endeudado el estado chipriota y el Fondo Monetario Internacional fue rotundo al afirmar que no pretendería otra cosa. Así que, a mediados de marzo, Chipre se encaminaba a un precipitado retraimiento de su sistema bancario, que dio como resultado la pérdida de una grandísima parte de la riqueza financiera del país. Para el FMI y Alemania, que presionaron a favor de ese resultado, el fundamento era la necesidad de evitar el riesgo moral.
El presidente chipriota Nicos Anastasiades, según dicen, con cierto apoyo de instituciones europeas, intentó desesperadamente evitar este desenlace –invocando la estabilidad financiera. La solución propuesta durante la noche del 15 de marzo –un impuesto único sobre los depósitos– era defendible desde el punto de vista chipriota. Proteger la estabilidad financiera interna exigía limitar los impuestos sobre los depósitos grandes, porque una parte sustancial pertenecía a titulares extranjeros. Evitar el retiro masivo de capital extranjero implicaba por lo tanto grabar todos los depósitos por debajo del umbral de €100.000 ($130.000). Sin un rescate extranjero, no había otras soluciones disponibles.
Pero esta propuesta era perjudicial para la estabilidad financiera en el resto de Europa, ya que indicaba que el umbral de €100.000 por debajo del cual se garantizan los depósitos no era sacrosanto. Legalmente, por supuesto, esta garantía solo vale lo que la solvencia del garante –en este caso, el casi quebrado estado chipriota. Pero su derogación sería, de todas maneras, poderosamente simbólica y desataría la ansiedad en toda Europa.
La salida obvia a este dilema hubiera sido que los socios de Chipre en la zona del euro asumieran el costo del impuesto sobre los depósitos por debajo de los €100,000. Eso les hubiera costado una cifra estimada en €1,3 mil millones, o aproximadamente el 0,01% de su PBI –un precio ridículamente bajo para la estabilidad financiera. No hubiese creado un gran riesgo moral: los grandes depositantes hubieran tenido que pagar el impuesto y el gobierno chipriota aún hubiese sufrido las restricciones de un programa del FMI/zona del euro –una medicina lo suficientemente amarga.
Pero, en una época en que los ciudadanos del norte de Europa están colmados de resentimiento contra los bancos y bullen de enojo contra las transferencias al sur, la canciller alemana Angela Merkel y sus pares no quisieron pedir a sus contribuyentes que pagaran por los errores de un país asociado.
El acuerdo del 15 de marzo no era políticamente viable y fue rechazado por abrumadora mayoría en el parlamento chipriota. Entonces, diez días después de que la desventurada solución fuese propuesta, los ministros del Eurogrupo cambiaron de curso y adoptaron el enfoque que habían intentado evitar. Los bancos están siendo liquidados precipitadamente.
Las consecuencias ya son visibles: para evitar una completa debacle, Chipre se ha visto obligado a introducir controles de capital –algo que todos creían ilegal e impensable en la zona del euro. Como resultado, los inversores y depositantes han aprendido que la aparición de barreras financieras dentro de una zona monetaria es realmente un riesgo genuino. Y los chipriotas están tan enojados con Europa que una salida deliberada de la zona del euro ha llegado a convertirse en una clara posibilidad.
En última instancia, el verdadero combate es menos entre el riesgo moral y la estabilidad financiera que entre las soluciones financieramente sensatas y las políticamente aceptables. En Europa, como en otras partes, la política financiera solía ser atribución de los especialistas –funcionarios de bancos centrales, reguladores y supervisores. Ya no: los expertos han perdido su legitimidad.
Hoy día, son los furiosos ciudadanos quienes están a cargo, y la política general guía a la política financiera. Pero en Europa las políticas son nacionales y lo que un parlamento nacional considera como la única solución posible, es para otro completamente inaceptable. Europa aún no ha encontrado una respuesta a este problema, y no va camino a hacerlo.
Traducción al español por Leopoldo Gurman.
BRUSELAS – Es un antiguo e interminable combate. Por un lado están los gruñones del riesgo moral, quienes afirman que una de las principales responsabilidades para quienes están a cargo de las políticas es establecer incentivos que demuestren que el comportamiento imprudente no paga. Por otro, están los partidarios de la estabilidad financiera, quienes consideran que la confianza en el sistema financiero es demasiado preciosa para ponerla en peligro, incluso con las mejores intenciones posibles.
Chipre es el campo de batalla más reciente entre ambos bandos. El 25 de marzo, una vez que la decisión de liquidar al segundo mayor banco del país e imponer en el proceso grandes pérdidas a los depositantes no asegurados estuvo tomada, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el ministro de economía holandés, declaró que un sector financiero saludable exige que «cuando asumes riesgos, debes lidiar con ellos». La meta, agregó, debería ser la creación de un entorno en el cual los ministros de economía europeos «nunca tengan que considerar una recapitalización directa» de un banco mediante el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Parecía estar leyendo un libro de texto sobre riesgo moral.
Inmediatamente después de esta declaración, sin embargo, los precios de las acciones de los bancos europeos se desplomaron y Dijsselbloem fue acusado por muchos (incluso por algunos de sus colegas) de haber echado combustible a las llamas. En pocas horas, emitió una declaración indicando que «Chipre es un caso específico con desafíos excepcionales» y que el enfoque de la crisis europea «no está estandarizado».
Esto no convence. Los mercados aprenden en una crisis actual cuáles principios serán aplicados en la próxima. Y permitirles aprender es precisamente la idea en la lucha contra el riesgo moral.
Los responsables de políticas europeos han agonizado respecto del mismo dilema durante la crisis de Chipre. La carga del rescate de las instituciones financieras del país, aquejadas de problemas, era demasiado pesada para el ya endeudado el estado chipriota y el Fondo Monetario Internacional fue rotundo al afirmar que no pretendería otra cosa. Así que, a mediados de marzo, Chipre se encaminaba a un precipitado retraimiento de su sistema bancario, que dio como resultado la pérdida de una grandísima parte de la riqueza financiera del país. Para el FMI y Alemania, que presionaron a favor de ese resultado, el fundamento era la necesidad de evitar el riesgo moral.
El presidente chipriota Nicos Anastasiades, según dicen, con cierto apoyo de instituciones europeas, intentó desesperadamente evitar este desenlace –invocando la estabilidad financiera. La solución propuesta durante la noche del 15 de marzo –un impuesto único sobre los depósitos– era defendible desde el punto de vista chipriota. Proteger la estabilidad financiera interna exigía limitar los impuestos sobre los depósitos grandes, porque una parte sustancial pertenecía a titulares extranjeros. Evitar el retiro masivo de capital extranjero implicaba por lo tanto grabar todos los depósitos por debajo del umbral de €100.000 ($130.000). Sin un rescate extranjero, no había otras soluciones disponibles.
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Pero esta propuesta era perjudicial para la estabilidad financiera en el resto de Europa, ya que indicaba que el umbral de €100.000 por debajo del cual se garantizan los depósitos no era sacrosanto. Legalmente, por supuesto, esta garantía solo vale lo que la solvencia del garante –en este caso, el casi quebrado estado chipriota. Pero su derogación sería, de todas maneras, poderosamente simbólica y desataría la ansiedad en toda Europa.
La salida obvia a este dilema hubiera sido que los socios de Chipre en la zona del euro asumieran el costo del impuesto sobre los depósitos por debajo de los €100,000. Eso les hubiera costado una cifra estimada en €1,3 mil millones, o aproximadamente el 0,01% de su PBI –un precio ridículamente bajo para la estabilidad financiera. No hubiese creado un gran riesgo moral: los grandes depositantes hubieran tenido que pagar el impuesto y el gobierno chipriota aún hubiese sufrido las restricciones de un programa del FMI/zona del euro –una medicina lo suficientemente amarga.
Pero, en una época en que los ciudadanos del norte de Europa están colmados de resentimiento contra los bancos y bullen de enojo contra las transferencias al sur, la canciller alemana Angela Merkel y sus pares no quisieron pedir a sus contribuyentes que pagaran por los errores de un país asociado.
El acuerdo del 15 de marzo no era políticamente viable y fue rechazado por abrumadora mayoría en el parlamento chipriota. Entonces, diez días después de que la desventurada solución fuese propuesta, los ministros del Eurogrupo cambiaron de curso y adoptaron el enfoque que habían intentado evitar. Los bancos están siendo liquidados precipitadamente.
Las consecuencias ya son visibles: para evitar una completa debacle, Chipre se ha visto obligado a introducir controles de capital –algo que todos creían ilegal e impensable en la zona del euro. Como resultado, los inversores y depositantes han aprendido que la aparición de barreras financieras dentro de una zona monetaria es realmente un riesgo genuino. Y los chipriotas están tan enojados con Europa que una salida deliberada de la zona del euro ha llegado a convertirse en una clara posibilidad.
En última instancia, el verdadero combate es menos entre el riesgo moral y la estabilidad financiera que entre las soluciones financieramente sensatas y las políticamente aceptables. En Europa, como en otras partes, la política financiera solía ser atribución de los especialistas –funcionarios de bancos centrales, reguladores y supervisores. Ya no: los expertos han perdido su legitimidad.
Hoy día, son los furiosos ciudadanos quienes están a cargo, y la política general guía a la política financiera. Pero en Europa las políticas son nacionales y lo que un parlamento nacional considera como la única solución posible, es para otro completamente inaceptable. Europa aún no ha encontrado una respuesta a este problema, y no va camino a hacerlo.
Traducción al español por Leopoldo Gurman.