MADRID – La semana pasada, tuvo lugar la Cumbre para la Acción Climática que reunió a dirigentes mundiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que este año se celebra en Bakú (Azerbaiyán). Pero la reunión generó menos interés que otros años; un cambio a examinar críticamente desde los proyectos globales de futuro.
Destaca la escueta lista de asistentes: los líderes de los trece países que más emisiones generan no acudieronal evento; es de tener en cuenta que la cumbre del G20 se reunía esa misma semana en Brasil. Directivos de importantes instituciones financieras -como Bank of America o BlackRock- también se mantuvieron al margen de la conferencia (pese a la centralidad de la cuestión financiera entre los objetivos agendados). Y la decisión de realizar el evento en Azerbaiyán, un país dependiente del gas natural, provocó acusaciones de “ecopostureo” (Greenwashing) por parte de activistas medioambientales. Al igual que ocurrió el año pasado -cuando la COP se celebró en Dubái-, estas tensiones evidencian la necesidad de aceptar que el gas natural será una fuente de energía de transición de largo plazo.
En un plano más general, son muchos los asuntos que requieren la atención de la “comunidad internacional”. Está la contraofensiva rusa (con el apoyo sustantivo de tropas norcoreanas) para recuperar territorios en la región de Kursk. Al mismo tiempo, Israel batalla en dos frentes (Gaza y Líbano) y hoy la escalada de la guerra parece más probable que la disminución de la virulencia. Y, aunque predecir los pasos que seguirá el errático Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca sea imposible, el riesgo de inestabilidad geopolítica, debilitamiento democrático y retroceso en política climática es factible.
Negacionista confeso del cambio climático y partidario a ultranza de la explotación gaspetrolera, Trump ha prometido retirar a Estados Unidos del “horriblemente injusto” Acuerdo de París sobre el clima (como hizo durante su primer mandato). Según algunas fuentes, ya está redactada la orden ejecutiva que comenzará ese proceso. Ha anunciado el incremento de la producción y exportación de gas. También poner fin al Green New Deal (nuevo pacto verde) -al que llama “Green New Scam” (nueva estafa verde)-, que llegaría hasta rescindir los fondos no comprometidos previstos por la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación. Suenan ominosas las recientes declaraciones de Myron Ebell, líder de un equipo de transición en el gobierno anterior de Trump: “Ya no vamos a preocuparnos por las emisiones. Cuanto antes olvidemos todo esto de reducir las emisiones, mejor”.
Las amenazas de Trump no deben subestimarse, pero hay razones para esperar que los peores escenarios no se materialicen. Durante su primer mandato, tras las declaraciones grandilocuentes de Trump no siempre vinieron las acciones prometidas. A esto hay que sumar las medidas en defensa del clima tomadas por cuenta propia por estados, ciudades, organizaciones e individuos, que compensaron en parte las omisiones del gobierno federal. Aún así, la magnitud del impacto ambiental de Trump sólo será evidente después de que asuma el cargo en enero. La COP29, en cambio, es ahora, y sus objetivos no pueden esperar.
En la “COP de las finanzas” (como se conoce a la reunión de Bakú) se abordará la falta de fondos para la acción climática que afecta de manera desproporcionada a los países en desarrollo. En este aspecto, el tan publicitado objetivo acordado por las economías desarrolladas en 2009 de llegar a 2020 aportando cien mil millones de dólares al año se alcanzó por primera vez hace apenas dos años. Además del retraso, el compromiso no es suficiente: se prevé que las necesidades anuales de financiación de las economías emergentes y en desarrollo (excluida China) alcancen unos 2,4 billones de dólares en 2030.
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En este contexto, es de desear que los participantes de la COP29 que negocian un “Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado” para la financiación de la acción climática aprueben una cifra ambiciosa. No es en absoluto seguro, sin embargo, que esta cifra esté a la altura de las necesidades existentes. Y la implementación no será fácil: en su mayor parte recaerá en el sector privado; en particular, las instituciones financieras privadas.
En muchos países (concretamente en África), la falta de acceso a electricidad entorpece la transición energética. Así, es evidente la existencia de una correlación directa entre la uniformidad de la potencia base generada por una red eléctrica y la prosperidad económica: un suministro de energía fiable y asequible es esencial para el desarrollo. Y sin embargo, 570 millones de personas en África subsahariana todavía no tienen acceso a electricidad (el 80% del total mundial) y esa cifra se ha incrementado desde 2021.
El veloz crecimiento demográfico del Sur Global agravará el problema; se calcula que sólo en África vivirán 2500 millones de personas en 2050 (hoy son 1500 millones), y las fuentes de energía renovables no son lo bastante fiables para satisfacer el consiguiente aumento de demanda. El hidrógeno y la energía nuclear pueden ayudar a mitigar el déficit, pero ambas tecnologías requieren enormes inversiones iniciales en infraestructura que están fuera del alcance del erario.
Por eso es esencial movilizar el capital privado. Los gobiernos deben idear estrategias efectivas para la mitigación de riesgos y el fomento de un entorno favorable a la inversión. Serán cruciales las asociaciones estratégicas entre gobiernos, instituciones financieras internacionales (IFI) y el sector privado.
Muchas IFI todavía están en las primeras etapas de elaborar una estrategia industrial verde, pero jugarán un papel central en catalizar inversiones del sector privado y facilitar la transición energética en economías emergentes y en desarrollo. Esto incluye ayudar a reducir los riesgos de las primeras inversiones y colaborar con los gobiernos en la fijación de objetivos ambiciosos, la definición de rutas hacia su concreción y el establecimiento de marcos y estándares para la formulación de políticas.
La Iniciativa de Bakú para la Financiación Climática, la Inversión y el Comercio es un paso en la dirección correcta al fomentar la creación de plataformas nacionales, regionales y subregionales destinadas a maximizar esas tres categorías. Pero sin respaldo mundial, el impacto de iniciativas como esta será limitado.
Incluso en un momento de creciente disrupción geopolítica, no podemos darnos el lujo de distraernos de la necesidad imperiosa de enfrentar el cambio climático. Dejar que la COP29 concluya sin compromisos de financiación ambiciosos y creíbles sería imperdonable.
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MADRID – La semana pasada, tuvo lugar la Cumbre para la Acción Climática que reunió a dirigentes mundiales en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que este año se celebra en Bakú (Azerbaiyán). Pero la reunión generó menos interés que otros años; un cambio a examinar críticamente desde los proyectos globales de futuro.
Destaca la escueta lista de asistentes: los líderes de los trece países que más emisiones generan no acudieron al evento; es de tener en cuenta que la cumbre del G20 se reunía esa misma semana en Brasil. Directivos de importantes instituciones financieras -como Bank of America o BlackRock- también se mantuvieron al margen de la conferencia (pese a la centralidad de la cuestión financiera entre los objetivos agendados). Y la decisión de realizar el evento en Azerbaiyán, un país dependiente del gas natural, provocó acusaciones de “ecopostureo” (Greenwashing) por parte de activistas medioambientales. Al igual que ocurrió el año pasado -cuando la COP se celebró en Dubái-, estas tensiones evidencian la necesidad de aceptar que el gas natural será una fuente de energía de transición de largo plazo.
En un plano más general, son muchos los asuntos que requieren la atención de la “comunidad internacional”. Está la contraofensiva rusa (con el apoyo sustantivo de tropas norcoreanas) para recuperar territorios en la región de Kursk. Al mismo tiempo, Israel batalla en dos frentes (Gaza y Líbano) y hoy la escalada de la guerra parece más probable que la disminución de la virulencia. Y, aunque predecir los pasos que seguirá el errático Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca sea imposible, el riesgo de inestabilidad geopolítica, debilitamiento democrático y retroceso en política climática es factible.
Negacionista confeso del cambio climático y partidario a ultranza de la explotación gaspetrolera, Trump ha prometido retirar a Estados Unidos del “horriblemente injusto” Acuerdo de París sobre el clima (como hizo durante su primer mandato). Según algunas fuentes, ya está redactada la orden ejecutiva que comenzará ese proceso. Ha anunciado el incremento de la producción y exportación de gas. También poner fin al Green New Deal (nuevo pacto verde) -al que llama “Green New Scam” (nueva estafa verde)-, que llegaría hasta rescindir los fondos no comprometidos previstos por la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación. Suenan ominosas las recientes declaraciones de Myron Ebell, líder de un equipo de transición en el gobierno anterior de Trump: “Ya no vamos a preocuparnos por las emisiones. Cuanto antes olvidemos todo esto de reducir las emisiones, mejor”.
Las amenazas de Trump no deben subestimarse, pero hay razones para esperar que los peores escenarios no se materialicen. Durante su primer mandato, tras las declaraciones grandilocuentes de Trump no siempre vinieron las acciones prometidas. A esto hay que sumar las medidas en defensa del clima tomadas por cuenta propia por estados, ciudades, organizaciones e individuos, que compensaron en parte las omisiones del gobierno federal. Aún así, la magnitud del impacto ambiental de Trump sólo será evidente después de que asuma el cargo en enero. La COP29, en cambio, es ahora, y sus objetivos no pueden esperar.
En la “COP de las finanzas” (como se conoce a la reunión de Bakú) se abordará la falta de fondos para la acción climática que afecta de manera desproporcionada a los países en desarrollo. En este aspecto, el tan publicitado objetivo acordado por las economías desarrolladas en 2009 de llegar a 2020 aportando cien mil millones de dólares al año se alcanzó por primera vez hace apenas dos años. Además del retraso, el compromiso no es suficiente: se prevé que las necesidades anuales de financiación de las economías emergentes y en desarrollo (excluida China) alcancen unos 2,4 billones de dólares en 2030.
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En muchos países (concretamente en África), la falta de acceso a electricidad entorpece la transición energética. Así, es evidente la existencia de una correlación directa entre la uniformidad de la potencia base generada por una red eléctrica y la prosperidad económica: un suministro de energía fiable y asequible es esencial para el desarrollo. Y sin embargo, 570 millones de personas en África subsahariana todavía no tienen acceso a electricidad (el 80% del total mundial) y esa cifra se ha incrementado desde 2021.
El veloz crecimiento demográfico del Sur Global agravará el problema; se calcula que sólo en África vivirán 2500 millones de personas en 2050 (hoy son 1500 millones), y las fuentes de energía renovables no son lo bastante fiables para satisfacer el consiguiente aumento de demanda. El hidrógeno y la energía nuclear pueden ayudar a mitigar el déficit, pero ambas tecnologías requieren enormes inversiones iniciales en infraestructura que están fuera del alcance del erario.
Por eso es esencial movilizar el capital privado. Los gobiernos deben idear estrategias efectivas para la mitigación de riesgos y el fomento de un entorno favorable a la inversión. Serán cruciales las asociaciones estratégicas entre gobiernos, instituciones financieras internacionales (IFI) y el sector privado.
Muchas IFI todavía están en las primeras etapas de elaborar una estrategia industrial verde, pero jugarán un papel central en catalizar inversiones del sector privado y facilitar la transición energética en economías emergentes y en desarrollo. Esto incluye ayudar a reducir los riesgos de las primeras inversiones y colaborar con los gobiernos en la fijación de objetivos ambiciosos, la definición de rutas hacia su concreción y el establecimiento de marcos y estándares para la formulación de políticas.
La Iniciativa de Bakú para la Financiación Climática, la Inversión y el Comercio es un paso en la dirección correcta al fomentar la creación de plataformas nacionales, regionales y subregionales destinadas a maximizar esas tres categorías. Pero sin respaldo mundial, el impacto de iniciativas como esta será limitado.
Incluso en un momento de creciente disrupción geopolítica, no podemos darnos el lujo de distraernos de la necesidad imperiosa de enfrentar el cambio climático. Dejar que la COP29 concluya sin compromisos de financiación ambiciosos y creíbles sería imperdonable.