PRINCETON – El mes próximo comenzará en Oregon un juicio contra el gobierno de Estados Unidos, en el que 21 jóvenes demandantes apoyados por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust acusan a las autoridades de contribuir activamente al agravamiento de la crisis climática y de tal modo violar sus derechos constitucionales. Los abogados del gobierno han intentado varias veces –hasta ahora sin éxito– impedir o postergar el juicio, cuyo inicio está previsto para el 29 de octubre.
En principio, los gobiernos, y no los tribunales, están en mejor posición para decidir las políticas más efectivas para resolver problemas ambientales y sociales. En 1992, numerosos países –entre ellos Estados Unidos, China, la India y todos los estados europeos (hasta un total de 189 en 2006)– aceptaron la responsabilidad de hacer frente al cambio climático. Reunidos en la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, acordaron estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero en “un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”.
El acuerdo no especificó ningún nivel en particular, pero el consenso científico señala que permitir que la temperatura global suba a un promedio de más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales implica riesgo de desastre. La base para esta conclusión es que llegar a ese nivel puede iniciar un proceso de calentamiento irreversible.
El aumento de temperatura del Océano Ártico implica que haya en él menos hielo –muy reflectante– y más agua, que al ser más oscura absorbe mejor el calor emitido por el sol. Asimismo, el deshielo del suelo congelado de Siberia libera metano, un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global.
Incluso un aumento de 1,5 °C será claramente peligroso. Los científicos predicen que si se supera ese límite más bajo, estados insulares de poca altitud en el Pacífico desaparecerán bajo las aguas, y habrá sequías, incendios forestales e inundaciones de una magnitud nunca antes vista. Para mantener condiciones climáticas seguras, debemos limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1 °C.
Pero con muy pocas excepciones, los gobiernos no han hecho lo suficiente para detener el cambio climático, y en su mayoría están agravando el peligro al seguir apoyando el uso de combustibles fósiles. Por eso activistas en Bélgica, Colombia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Suiza y Países Bajos han empezado a apelar a los tribunales para lograr lo que no pueden conseguir mediante la acción política.
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El primer juicio sobre el clima en el que se obtuvo fallo favorable fue Fundación Urgenda contra los Países Bajos, donde un tribunal neerlandés ordenó en 2015 al gobierno reducir al menos un 25% las emisiones locales en un plazo de cinco años. En respuesta, el gobierno incrementó las medidas de reducción de emisiones, pero también apeló el fallo; la Corte de Apelaciones de la Haya emitirá veredicto al respecto en octubre.
Pero a pesar de la importancia del caso Urgenda, hasta ahora el juicio más significativo en torno del clima es Juliana contra los Estados Unidos. Si hay un juicio de la historia que merezca llamarse “el juicio del siglo”, es este. Su resultado tendrá derivaciones para quienes vivan en la Tierra durante el resto del siglo XXI y tal vez varios siglos más.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, y genera alrededor del doble de emisión per cápita que el primero, China. Si partimos de la base de que cada persona en el planeta tiene derecho a una cuota igualitaria de la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero, entonces Estados Unidos está emitiendo 3,5 veces la parte que le corresponde (a modo de ejemplo, genera más gases que la India, aunque sólo tiene un cuarto de la población). Además, el principio de igualdad de emisión per cápita es generoso hacia los países que se industrializaron antes, porque ignora su responsabilidad histórica por las emisiones del pasado que nos trajeron a la situación actual. Puede decirse que la falta de una reducción importante de las emisiones de Estados Unidos es un acto contra el derecho internacional, porque viola los derechos humanos más básicos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Pero aunque este argumento es razonable, el lado de la demanda en el caso Juliana no se basará en él. Los abogados, que trabajan gratis en el caso, entienden que para ganar, tendrán que convencer a la Suprema Corte de los Estados Unidos (de mayoría conservadora) de que la inacción del gobierno es una violación clara de sus responsabilidades constitucionales.
Los demandantes plantean que la contribución activa del gobierno estadounidense al cambio climático violó sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad. Cuando el gobierno intentó evitar que se celebrara el juicio, la corte federal de distrito de Oregon emitió un dictamen histórico según el cual “el derecho a un sistema climático capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada”.
Cuando el fallo de este juicio sea apelado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos (como parece inevitable), puede que la cuestión ya no sea si los derechos constitucionales de los demandantes exigen “un sistema climático capaz de sostener la vida humana” (eso es innegable), sino si la Corte estará dispuesta a oír la evidencia científica, que muestra que las acciones del gobierno estadounidense están poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad en el planeta. Si se tiene en cuenta dicha evidencia, ni los jueces más conservadores podrán eludir fácilmente la conclusión de que el gobierno está violando la Constitución de los Estados Unidos.
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Over time, as American democracy has increasingly fallen short of delivering on its core promises, the Democratic Party has contributed to the problem by catering to a narrow, privileged elite. To restore its own prospects and America’s signature form of governance, it must return to its working-class roots.
is not surprised that so many voters ignored warnings about the threat Donald Trump poses to US institutions.
Enrique Krauze
considers the responsibility of the state to guarantee freedom, heralds the demise of Mexico’s democracy, highlights flaws in higher-education systems, and more.
PRINCETON – El mes próximo comenzará en Oregon un juicio contra el gobierno de Estados Unidos, en el que 21 jóvenes demandantes apoyados por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust acusan a las autoridades de contribuir activamente al agravamiento de la crisis climática y de tal modo violar sus derechos constitucionales. Los abogados del gobierno han intentado varias veces –hasta ahora sin éxito– impedir o postergar el juicio, cuyo inicio está previsto para el 29 de octubre.
En principio, los gobiernos, y no los tribunales, están en mejor posición para decidir las políticas más efectivas para resolver problemas ambientales y sociales. En 1992, numerosos países –entre ellos Estados Unidos, China, la India y todos los estados europeos (hasta un total de 189 en 2006)– aceptaron la responsabilidad de hacer frente al cambio climático. Reunidos en la “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, acordaron estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero en “un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”.
El acuerdo no especificó ningún nivel en particular, pero el consenso científico señala que permitir que la temperatura global suba a un promedio de más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales implica riesgo de desastre. La base para esta conclusión es que llegar a ese nivel puede iniciar un proceso de calentamiento irreversible.
El aumento de temperatura del Océano Ártico implica que haya en él menos hielo –muy reflectante– y más agua, que al ser más oscura absorbe mejor el calor emitido por el sol. Asimismo, el deshielo del suelo congelado de Siberia libera metano, un potente gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global.
Incluso un aumento de 1,5 °C será claramente peligroso. Los científicos predicen que si se supera ese límite más bajo, estados insulares de poca altitud en el Pacífico desaparecerán bajo las aguas, y habrá sequías, incendios forestales e inundaciones de una magnitud nunca antes vista. Para mantener condiciones climáticas seguras, debemos limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1 °C.
Pero con muy pocas excepciones, los gobiernos no han hecho lo suficiente para detener el cambio climático, y en su mayoría están agravando el peligro al seguir apoyando el uso de combustibles fósiles. Por eso activistas en Bélgica, Colombia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Suiza y Países Bajos han empezado a apelar a los tribunales para lograr lo que no pueden conseguir mediante la acción política.
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El primer juicio sobre el clima en el que se obtuvo fallo favorable fue Fundación Urgenda contra los Países Bajos, donde un tribunal neerlandés ordenó en 2015 al gobierno reducir al menos un 25% las emisiones locales en un plazo de cinco años. En respuesta, el gobierno incrementó las medidas de reducción de emisiones, pero también apeló el fallo; la Corte de Apelaciones de la Haya emitirá veredicto al respecto en octubre.
Pero a pesar de la importancia del caso Urgenda, hasta ahora el juicio más significativo en torno del clima es Juliana contra los Estados Unidos. Si hay un juicio de la historia que merezca llamarse “el juicio del siglo”, es este. Su resultado tendrá derivaciones para quienes vivan en la Tierra durante el resto del siglo XXI y tal vez varios siglos más.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, y genera alrededor del doble de emisión per cápita que el primero, China. Si partimos de la base de que cada persona en el planeta tiene derecho a una cuota igualitaria de la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero, entonces Estados Unidos está emitiendo 3,5 veces la parte que le corresponde (a modo de ejemplo, genera más gases que la India, aunque sólo tiene un cuarto de la población). Además, el principio de igualdad de emisión per cápita es generoso hacia los países que se industrializaron antes, porque ignora su responsabilidad histórica por las emisiones del pasado que nos trajeron a la situación actual. Puede decirse que la falta de una reducción importante de las emisiones de Estados Unidos es un acto contra el derecho internacional, porque viola los derechos humanos más básicos consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Pero aunque este argumento es razonable, el lado de la demanda en el caso Juliana no se basará en él. Los abogados, que trabajan gratis en el caso, entienden que para ganar, tendrán que convencer a la Suprema Corte de los Estados Unidos (de mayoría conservadora) de que la inacción del gobierno es una violación clara de sus responsabilidades constitucionales.
Los demandantes plantean que la contribución activa del gobierno estadounidense al cambio climático violó sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad. Cuando el gobierno intentó evitar que se celebrara el juicio, la corte federal de distrito de Oregon emitió un dictamen histórico según el cual “el derecho a un sistema climático capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada”.
Cuando el fallo de este juicio sea apelado ante la Suprema Corte de los Estados Unidos (como parece inevitable), puede que la cuestión ya no sea si los derechos constitucionales de los demandantes exigen “un sistema climático capaz de sostener la vida humana” (eso es innegable), sino si la Corte estará dispuesta a oír la evidencia científica, que muestra que las acciones del gobierno estadounidense están poniendo en riesgo la supervivencia de la humanidad en el planeta. Si se tiene en cuenta dicha evidencia, ni los jueces más conservadores podrán eludir fácilmente la conclusión de que el gobierno está violando la Constitución de los Estados Unidos.
Traducción: Esteban Flamini