WASHINGTON, DC – Esta semana, los líderes del Partido Comunista de China (PCC) participan en Beijing de una sesión plenaria centrada en la promoción del Estado de derecho en China. Pero hace pocos días, en varios grupos de conversación en WeChat (una popular red social china) se habló de los arrestos de casi cincuenta activistas chinos que apoyaban las protestas en Hong Kong. Hubo también informes referidos a una prohibición oficial de publicar o vender libros de autores con posturas favorables a las protestas de Hong Kong, el activismo de derechos humanos o el Estado de derecho. Esto arroja serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de modernización política declarado por el gobierno.
Entre los autores prohibidos está el economista Mao Yushi, ganador en 2012 del Premio Milton Friedman por la Libertad. No es la primera vez que se prohíben los libros de Mao. En 2003, su obra fue proscrita después de que firmó una petición dirigida al gobierno para que se exonerara de culpa a los estudiantes manifestantes cuyo movimiento prodemocracia llegó a su fin con la masacre de Tiananmen en 1989.
La censura en China no necesita ni siquiera de edictos públicos para funcionar, basta que un editor reciba una llamada telefónica “anónima” (que, se sobreentiende, procede de un organismo oficial) y ya está. He visto desaparecer sin explicación oficial un par de artículos de uno de mis libros, así como frases, oraciones e incluso párrafos enteros de mis columnas y comentarios en periódicos y revistas.
Otro autor que sufre el cerco de las autoridades por apoyar a los manifestantes de Hong Kong es el prestigioso Yu Ying-shih, de 84 años. Yu enseñó en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos y ha sido un prolífico crítico del PCC por más de cinco décadas.
En sus libros, Yu critica la cultura tradicional y la filosofía clásica de China, y promueve valores universales basados en la tradición académica occidental. A pesar de que sus obras no contienen referencias a cuestiones políticas actuales, el gobierno de China las considera críticas del poder del PCC y, por ende, contrarias a la estabilidad social.
También está Zhang Qianfan, un académico mesurado y cauto que se desempeña como vicepresidente de la Asociación China de Derecho Constitucional. Es sorprendente que el gobierno tenga a Zhang en la picota, dado su estilo moderado de análisis político; cuando éramos colegas en la Universidad de Pekín, Zhang criticaba algunas de mis posturas respecto del régimen actual por considerarlas demasiado negativas.
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Zhang se opone a la decisión de muchos de sus coetáneos (yo incluido) de apoyar las protestas de Hong Kong, por temor a que el gobierno apele a una represión violenta como en 1989. Lo más probable es que la prohibición de los libros de Zhang sea resultado no de sus opiniones sobre este tema, sino de las implicaciones de sus investigaciones en derecho constitucional.
Lo que no sorprende a nadie es el reciente arresto del conocido activista y promotor de los derechos humanos Guo Yushan, quien a lo largo de la última década ha estado involucrado en muchas cuestiones “delicadas”. Por ejemplo, en 2012 tuvo un papel fundamental en la huida del famoso activista ciego Chen Guangcheng de su arresto domiciliario (un papelón internacional para China). Pero el momento de la detención de Guo, poco antes de la sesión plenaria de este mes, pone en evidencia que el PCC no es sincero cuando habla de Estado de derecho.
El trato del gobierno a los disidentes chinos, dentro y fuera del país, es deplorable. O los encarcela por delitos presuntos o les prohíbe visitar a sus familias en China (aunque lleven veinte o treinta años sin verse).
Y no les pasa solamente a los opositores declarados del PCC. El gobierno chino prohibió regresar al país a académicos e investigadores como Perry Link, ex profesor de la Universidad de Princeton; Andrew Nathan, profesor de la Universidad de Columbia; Li Jianglin, escritora e historiadora especializada en historia moderna del Tíbet; e incluso a meros hombres de negocios. Basta simpatizar con organizaciones de derechos humanos en China o expresar opiniones contrarias a las posiciones del PCC para que a uno le denieguen o cancelen un visado.
Los ciudadanos chinos deben ser libres de salir y entrar de su país sin importar sus opiniones políticas. Privarlos de ese derecho sin fundamento legal es una clara violación de las normas internacionales modernas.
Se suponía que la novedosa campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping traería un cambio hacia un sistema más transparente, basado en el Estado de derecho. Pero hasta ahora, las purgas de funcionarios sólo han alcanzado a adversarios políticos de Xi, y el único resultado de la iniciativa ha sido consolidar su poder.
Esta duplicidad también se manifiesta en el embate actual del gobierno contra la libertad de opinión, reunión, asociación y movimiento. Parece que al tiempo que intenta promover un avance económico, Xi está llevando a China a un retroceso político.
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America's president subscribes to a brand of isolationism that has waxed and waned throughout US history, but has its roots in the two-century-old Monroe Doctrine. This is bad news for nearly everyone, because it implies acceptance of a world order based on spheres of influence, as envisioned by China and Russia.
hears echoes of the Monroe Doctrine in the US president's threats to acquire Greenland.
Financial markets and official economic indicators over the past few weeks give policymakers around the world plenty to contemplate. Was the recent spike in bond yields a sufficient warning to Donald Trump and his team, or will they still follow through with inflationary stimulus, tariff, and immigration policies?
wonders if recent market signals will keep the new administration’s radicalism in check.
WASHINGTON, DC – Esta semana, los líderes del Partido Comunista de China (PCC) participan en Beijing de una sesión plenaria centrada en la promoción del Estado de derecho en China. Pero hace pocos días, en varios grupos de conversación en WeChat (una popular red social china) se habló de los arrestos de casi cincuenta activistas chinos que apoyaban las protestas en Hong Kong. Hubo también informes referidos a una prohibición oficial de publicar o vender libros de autores con posturas favorables a las protestas de Hong Kong, el activismo de derechos humanos o el Estado de derecho. Esto arroja serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de modernización política declarado por el gobierno.
Entre los autores prohibidos está el economista Mao Yushi, ganador en 2012 del Premio Milton Friedman por la Libertad. No es la primera vez que se prohíben los libros de Mao. En 2003, su obra fue proscrita después de que firmó una petición dirigida al gobierno para que se exonerara de culpa a los estudiantes manifestantes cuyo movimiento prodemocracia llegó a su fin con la masacre de Tiananmen en 1989.
La censura en China no necesita ni siquiera de edictos públicos para funcionar, basta que un editor reciba una llamada telefónica “anónima” (que, se sobreentiende, procede de un organismo oficial) y ya está. He visto desaparecer sin explicación oficial un par de artículos de uno de mis libros, así como frases, oraciones e incluso párrafos enteros de mis columnas y comentarios en periódicos y revistas.
Otro autor que sufre el cerco de las autoridades por apoyar a los manifestantes de Hong Kong es el prestigioso Yu Ying-shih, de 84 años. Yu enseñó en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos y ha sido un prolífico crítico del PCC por más de cinco décadas.
En sus libros, Yu critica la cultura tradicional y la filosofía clásica de China, y promueve valores universales basados en la tradición académica occidental. A pesar de que sus obras no contienen referencias a cuestiones políticas actuales, el gobierno de China las considera críticas del poder del PCC y, por ende, contrarias a la estabilidad social.
También está Zhang Qianfan, un académico mesurado y cauto que se desempeña como vicepresidente de la Asociación China de Derecho Constitucional. Es sorprendente que el gobierno tenga a Zhang en la picota, dado su estilo moderado de análisis político; cuando éramos colegas en la Universidad de Pekín, Zhang criticaba algunas de mis posturas respecto del régimen actual por considerarlas demasiado negativas.
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Zhang se opone a la decisión de muchos de sus coetáneos (yo incluido) de apoyar las protestas de Hong Kong, por temor a que el gobierno apele a una represión violenta como en 1989. Lo más probable es que la prohibición de los libros de Zhang sea resultado no de sus opiniones sobre este tema, sino de las implicaciones de sus investigaciones en derecho constitucional.
Lo que no sorprende a nadie es el reciente arresto del conocido activista y promotor de los derechos humanos Guo Yushan, quien a lo largo de la última década ha estado involucrado en muchas cuestiones “delicadas”. Por ejemplo, en 2012 tuvo un papel fundamental en la huida del famoso activista ciego Chen Guangcheng de su arresto domiciliario (un papelón internacional para China). Pero el momento de la detención de Guo, poco antes de la sesión plenaria de este mes, pone en evidencia que el PCC no es sincero cuando habla de Estado de derecho.
El trato del gobierno a los disidentes chinos, dentro y fuera del país, es deplorable. O los encarcela por delitos presuntos o les prohíbe visitar a sus familias en China (aunque lleven veinte o treinta años sin verse).
Y no les pasa solamente a los opositores declarados del PCC. El gobierno chino prohibió regresar al país a académicos e investigadores como Perry Link, ex profesor de la Universidad de Princeton; Andrew Nathan, profesor de la Universidad de Columbia; Li Jianglin, escritora e historiadora especializada en historia moderna del Tíbet; e incluso a meros hombres de negocios. Basta simpatizar con organizaciones de derechos humanos en China o expresar opiniones contrarias a las posiciones del PCC para que a uno le denieguen o cancelen un visado.
Los ciudadanos chinos deben ser libres de salir y entrar de su país sin importar sus opiniones políticas. Privarlos de ese derecho sin fundamento legal es una clara violación de las normas internacionales modernas.
Se suponía que la novedosa campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping traería un cambio hacia un sistema más transparente, basado en el Estado de derecho. Pero hasta ahora, las purgas de funcionarios sólo han alcanzado a adversarios políticos de Xi, y el único resultado de la iniciativa ha sido consolidar su poder.
Esta duplicidad también se manifiesta en el embate actual del gobierno contra la libertad de opinión, reunión, asociación y movimiento. Parece que al tiempo que intenta promover un avance económico, Xi está llevando a China a un retroceso político.
Traducción: Esteban Flamini