Mientras la atención mundial se concentra en Irak, hay signos de que el Plan Colombia, desarrollado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas en Colombia pronto podría comenzar a aplicarse como estrategia general en otras naciones de los Andes, si es que no en toda América Latina. Pareciera que Colombia sólo se menciona en la actualidad en relación con la decisión del Presidente Álvaro Uribe de postularse a la reelección este mes, y una consecuencia es que se ha informado poco de la ampliación del Plan Colombia, a pesar de sus magros y ambivalentes resultados.
Cuando se hizo público en 2000, el Plan Colombia tenía una doble lógica: reducir drásticamente la producción y exportación de narcóticos, al tiempo que se fortalecía la campaña de contrainsurgencia de Colombia contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese entonces, EE.UU. consideraba que Colombia tenía en su seno dos amenazas cada vez más interrelacionadas que, de no mediar una respuesta militar exitosa, anunciaban la sombría perspectiva de convertirla en un estado fallido.
De hecho, a pesar de haber recibido casi 1,4 mil millones de dólares de EE.UU. entre 1989 y 1999 para el combate al narcotráfico, Colombia no había reducido el problema. Peor aún, la insurgencia económica, territorial y militar de las FARC se estaba intensificando. De hecho, entre 1995 y 1998 el ejército colombiano sufrió sus peores reveses (muertes, capturas y emboscadas) en las cuatro décadas de insurgencia.
Con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la respuesta de la administración Bush, la “guerra contra el terrorismo” se aplicó también a Colombia. Como resultado, el fallido diálogo de tres años entre el gobierno de Andrés Pastrana - predecesor de Uribe- y las FARC fue sepultado en febrero de 2002, y el conflicto se internacionalizó con la intervención masiva e indirecta de EE.UU.
Entre 2000 y 2005, Washington entregó cerca de 4 mil millones de dólares a Colombia, de los cuales un 75% del total se destinó al ejército y la policía, y aumentó su presencia en el país con 800 soldados y 600 contratistas de seguridad privada. De hecho, Colombia es hoy el quinto destinatario de ayuda estadounidense del mundo.
La política de EE.UU. estaba dirigida en lo fundamental a la “guerra contra las drogas” (y lo sigue estando), que debía ser llevada a cabo principalmente por los mismos colombianos. Sin embargo, también ha recaído sobre ellos el convertirse en cabeza de lanza de la “guerra contra el terrorismo” en América Latina, con una retaguardia de EE.UU. que refuerza al estado colombiano para evitar víctimas estadounidenses en un nuevo frente, y un prolongamiento excesivo de sus compromisos militares.
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Si se evalúa como estrategia antinarcóticos, el Plan Colombia es un fracaso evidente. A pesar de que el gobierno colombiano erradicó químicamente 523.000 hectáreas de coca entre 2000 y 2004, el año pasado se siguieron cultivando 114.000 hectáreas. De manera similar, aunque el gobierno de Uribe aprobó la extradición de 304 colombianos y 11 extranjeros (la mayoría de ellos a EE.UU.) entre 2002 y 2005, el crimen organizado con vínculos con el narcotráfico sigue creciendo y desarrollándose en Colombia.
Por supuesto, ya no existen los carteles más grandes: en su lugar, el negocio se ha vuelto más “democrático” con la multiplicación de los así llamados “carteles boutique”, generándose una mayor diversidad de drogas (naturales y sintéticas) a menores precios y con una mayor pureza que hace quince años, época del apogeo de los barones de la droga de Medellín.
Los resultados de la iniciativa de contrainsurgencia del Plan Colombia también son ambivalentes. El reforzamiento militar en Colombia durante los últimos cinco años ha sido masivo: la capacidad ofensiva, el despliegue geográfico y la credibilidad pública de las fuerzas armadas son más fuertes que nunca. Hasta 2002 cada año se informaba de unos 3.000 secuestros en Colombia; para 2005, el gobierno había reducido la cifra a menos de 1.000. Entre 2000 y 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrió un fuerte debilitamiento, y las FARC se retiraron a un área más pequeña, reduciendo notablemente su potencial de combate.
Sin embargo, si bien el ELN puede haber sido derrotado en términos estratégicos, no ocurre lo mismo en el caso de las FARC. Por el contrario, desde 2005 han ido aumentando la escala de sus ataques. Más aún, Colombia no ha recuperado de manera efectiva su soberanía territorial en áreas controladas por grupos armados de ultraderecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia. Poco ha ayudado la inmunidad implícita ante procesos judiciales que recibieron estos grupos a cambio de su desmovilización.
De manera que, tras cinco años, el Plan Colombia -parte de dos guerras globales simultáneas (contra las drogas y el terrorismo)- sólo ha producido resultados inciertos y exiguos. Sin embargo, esto no ha tenido como resultado un cuestionamiento táctico oficial. Por el contrario, tanto EE.UU. como el gobierno de Uribe consideran lo ocurrido en Colombia como “un modelo” a imitarse en toda el área andina, con el fin de evitar que otros países de la región se conviertan en estados fallidos.
De hecho, este “modelo” ya se está aplicando en la región. En Ecuador, EE.UU. ha desplegado su poderío militar a través de la renovación de la base militar de Manta. Washington sigue presionando al gobierno del Perú a que derribe aviones supuestamente vinculados con el narcotráfico, y está intentando convencer al nuevo gobierno de Evo Morales en Bolivia de que continúe una fallida “guerra contra la drogas”. Sin embargo, como en Colombia, parece probable que la militarización de la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el terrorismo” no haga otra cosa que generar más desorden.
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For decades, an efficiency-centered “economic style” has dominated public policy, overriding the concerns for fairness that animated the New Deal and Lyndon B. Johnson’s Great Society. Now, Americans must brace for economic governance that delivers neither efficiency nor fairness, only chaos.
highlights the high cost of the single-minded focus on efficiency that has come to dominate the discipline.
While some observers doubt that US President-elect Donald Trump poses a grave threat to US democracy, others are bracing themselves for the destruction of the country’s constitutional order. With Trump’s inauguration just around the corner, we asked PS commentators how vulnerable US institutions really are.
Mientras la atención mundial se concentra en Irak, hay signos de que el Plan Colombia, desarrollado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas en Colombia pronto podría comenzar a aplicarse como estrategia general en otras naciones de los Andes, si es que no en toda América Latina. Pareciera que Colombia sólo se menciona en la actualidad en relación con la decisión del Presidente Álvaro Uribe de postularse a la reelección este mes, y una consecuencia es que se ha informado poco de la ampliación del Plan Colombia, a pesar de sus magros y ambivalentes resultados.
Cuando se hizo público en 2000, el Plan Colombia tenía una doble lógica: reducir drásticamente la producción y exportación de narcóticos, al tiempo que se fortalecía la campaña de contrainsurgencia de Colombia contra los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese entonces, EE.UU. consideraba que Colombia tenía en su seno dos amenazas cada vez más interrelacionadas que, de no mediar una respuesta militar exitosa, anunciaban la sombría perspectiva de convertirla en un estado fallido.
De hecho, a pesar de haber recibido casi 1,4 mil millones de dólares de EE.UU. entre 1989 y 1999 para el combate al narcotráfico, Colombia no había reducido el problema. Peor aún, la insurgencia económica, territorial y militar de las FARC se estaba intensificando. De hecho, entre 1995 y 1998 el ejército colombiano sufrió sus peores reveses (muertes, capturas y emboscadas) en las cuatro décadas de insurgencia.
Con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la respuesta de la administración Bush, la “guerra contra el terrorismo” se aplicó también a Colombia. Como resultado, el fallido diálogo de tres años entre el gobierno de Andrés Pastrana - predecesor de Uribe- y las FARC fue sepultado en febrero de 2002, y el conflicto se internacionalizó con la intervención masiva e indirecta de EE.UU.
Entre 2000 y 2005, Washington entregó cerca de 4 mil millones de dólares a Colombia, de los cuales un 75% del total se destinó al ejército y la policía, y aumentó su presencia en el país con 800 soldados y 600 contratistas de seguridad privada. De hecho, Colombia es hoy el quinto destinatario de ayuda estadounidense del mundo.
La política de EE.UU. estaba dirigida en lo fundamental a la “guerra contra las drogas” (y lo sigue estando), que debía ser llevada a cabo principalmente por los mismos colombianos. Sin embargo, también ha recaído sobre ellos el convertirse en cabeza de lanza de la “guerra contra el terrorismo” en América Latina, con una retaguardia de EE.UU. que refuerza al estado colombiano para evitar víctimas estadounidenses en un nuevo frente, y un prolongamiento excesivo de sus compromisos militares.
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Si se evalúa como estrategia antinarcóticos, el Plan Colombia es un fracaso evidente. A pesar de que el gobierno colombiano erradicó químicamente 523.000 hectáreas de coca entre 2000 y 2004, el año pasado se siguieron cultivando 114.000 hectáreas. De manera similar, aunque el gobierno de Uribe aprobó la extradición de 304 colombianos y 11 extranjeros (la mayoría de ellos a EE.UU.) entre 2002 y 2005, el crimen organizado con vínculos con el narcotráfico sigue creciendo y desarrollándose en Colombia.
Por supuesto, ya no existen los carteles más grandes: en su lugar, el negocio se ha vuelto más “democrático” con la multiplicación de los así llamados “carteles boutique”, generándose una mayor diversidad de drogas (naturales y sintéticas) a menores precios y con una mayor pureza que hace quince años, época del apogeo de los barones de la droga de Medellín.
Los resultados de la iniciativa de contrainsurgencia del Plan Colombia también son ambivalentes. El reforzamiento militar en Colombia durante los últimos cinco años ha sido masivo: la capacidad ofensiva, el despliegue geográfico y la credibilidad pública de las fuerzas armadas son más fuertes que nunca. Hasta 2002 cada año se informaba de unos 3.000 secuestros en Colombia; para 2005, el gobierno había reducido la cifra a menos de 1.000. Entre 2000 y 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sufrió un fuerte debilitamiento, y las FARC se retiraron a un área más pequeña, reduciendo notablemente su potencial de combate.
Sin embargo, si bien el ELN puede haber sido derrotado en términos estratégicos, no ocurre lo mismo en el caso de las FARC. Por el contrario, desde 2005 han ido aumentando la escala de sus ataques. Más aún, Colombia no ha recuperado de manera efectiva su soberanía territorial en áreas controladas por grupos armados de ultraderecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia. Poco ha ayudado la inmunidad implícita ante procesos judiciales que recibieron estos grupos a cambio de su desmovilización.
De manera que, tras cinco años, el Plan Colombia -parte de dos guerras globales simultáneas (contra las drogas y el terrorismo)- sólo ha producido resultados inciertos y exiguos. Sin embargo, esto no ha tenido como resultado un cuestionamiento táctico oficial. Por el contrario, tanto EE.UU. como el gobierno de Uribe consideran lo ocurrido en Colombia como “un modelo” a imitarse en toda el área andina, con el fin de evitar que otros países de la región se conviertan en estados fallidos.
De hecho, este “modelo” ya se está aplicando en la región. En Ecuador, EE.UU. ha desplegado su poderío militar a través de la renovación de la base militar de Manta. Washington sigue presionando al gobierno del Perú a que derribe aviones supuestamente vinculados con el narcotráfico, y está intentando convencer al nuevo gobierno de Evo Morales en Bolivia de que continúe una fallida “guerra contra la drogas”. Sin embargo, como en Colombia, parece probable que la militarización de la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra el terrorismo” no haga otra cosa que generar más desorden.