BEIJING – El programa de reformas de China ha alcanzado un impasse. Conflictos fundamentales de intereses y mecanismos sutiles de resistencia bloquean su progreso. Hasta que no se eliminen estas barreras, existen pocas esperanzas de que la economía en desaceleración de China -que creció el 7,4% en 2014, su tasa más baja en casi 25 años- pueda esperar que la reforma le dé el impulso que necesita.
Los líderes chinos son bien conscientes de lo difícil que puede resultar implementar reformas drásticas. Cuando Deng Xiaoping lanzó su programa radical de "reformas y apertura" en 1978, enfrentó una oposición feroz -principalmente de ideólogos apasionados y reaccionarios revolucionarios-. De la misma manera que la condición y la fortalezade Deng le permitieron enfrentar a sus opositores y mantener la modernización económica de China en curso, el liderazgo resuelto del presidente Xi Jinping puede superar los intereses particulares e implementar las reformas necesarias.
Por supuesto, reconciliar la desalineación fundamental de intereses en China no será tarea fácil -entre otras cosas porque los grupos de intereses no discutirán reformas, mucho menos les ofrecerán resistencia, de una manera abierta y transparente-. Sólo se han hecho pequeñas concesiones para reducir la intervención del gobierno, afectando poderes que o son irrelevantes o, en realidad, nunca existieron.
Existen dos tipos de conflictos de intereses entre los organismos gubernamentales. Primero, la poderosa burocracia de China es reacia a ceder sus poderes en nombre de la liberalización y un giro hacia una economía más orientada al mercado.
Por ejemplo, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC, por su sigla en inglés) es la institución gubernamental a nivel ministerial responsable de las empresas de propiedad del estado (SOE, por su sigla en inglés). Su tarea hoy incluye eliminar el poder monopólico de las SOE, que está obstruyendola competencia de mercado. Pero reducir el poder de las SOE también implicaría un rol disminuido para la SASAC -y, muy probablemente, su eventual obsolescencia-. Como resultado, los esfuerzos por combatir el monopolio están decayendo, y la próxima etapa de reforma -la transición a un "sistema de titularidad conjunta"-sigue estando lejos.
De la misma manera, la Administración Estatal de Divisas (SAFE, por su sigla en inglés), la subsidiaria del Banco Popular de China que controla las transacciones en moneda extranjera de los bancos comerciales y los hogares, obtiene su poder del control de los ingresos y los egresos de capital. Al reconocer que un progreso hacia una liberalización de la cuenta de capital implicaría su eventual desaparición, la SAFE presentó numerosas excusas (a las que las recientes crisis financieras en Occidente le otorgan crédito) para retener un control férreo de las transacciones con moneda extranjera. En consecuencia, a pesar del compromiso manifiesto del gobierno de liberalizar la cuenta de capital, el Banco Popular de China todavía tiene que hacer un progreso visible.
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El segundo conflicto importante de intereses en China se libra entre el gobierno central y los gobiernos locales, que supuestamente deberían estar ajustando su modelo de coparticipación de los ingresos. El problema reside en una discordancia entre sus respectivos porcentajes de los ingresos tributarios y los gastos obligatorios. Como los gobiernos locales están obligados a cubrir una gran proporción del gasto público con una participación desproporcionadamente baja de los ingresos, la deuda de los gobiernos locales se ha inflado.
Sin embargo, el gobierno central sigue mostrándose reacio a hacer cambios significativos en el modelo de distribución de los ingresos. Está receloso no sólo de los efectos en sus arcas, sino también de lo que implicaría otorgar una mayor autonomía a las autoridades locales. Es más, duda de la capacidad de los gobiernos locales de administrar correctamente sus presupuestos y utilizar los ingresos tributarios adicionales de manera eficiente.
La contradicción esencial, como demuestran estos ejemplos, reside entre los objetivos del proceso de reformas y los incentivos que los apuntalan. En ningún lugar esto es más claro que en el "sistema de titularidad mixta", concebido por el Tercer Plenario del 18 Comité Central del Partido Comunista de China. Alentar al sector privado a tomar participaciones en SOE en áreas estratégicas como la energía, la electricidad y las finanzas supuestamente aumentará la competencia, impulsará la eficiencia y reducirá la presión sobre el gobierno para invertir.
Ahora bien, ¿por qué los inversores privados deberían poner su dinero en una SOE? Como accionistas minoritarios en firmas cuyos administradores son designados por el Ministerio Central de Personal, los actores privados no pueden influir en la toma de decisiones. Hasta que el gobierno central no esté dispuesto a ceder su control sobre la administración de las SOE, las reformas de titularidad probablemente sólo generen un interés tibiode parte del sector privado.
Si se las implementa plenamente, la ronda actual de reformas tendrían un impacto de amplio alcance en la economía política de China, porque desplazan el equilibrio de poder de los funcionarios a los mercados. Esto le permitiría a China continuar su ascensión hacia un status de altos ingresos, mejorando el bienestar de millones de sus ciudadanos en el camino.
Sin embargo, los intereses particulares no recularán. Si bien no se opondrán abiertamente a las reformas, las seguirán posponiendo y no cesarán de infundir temor sobre la inestabilidad económica y la tensión social, con la intención de evitar los cambios que amenazan con disminuir su condición y sus privilegios. Hasta que los máximos líderes de China no superen esa resistencia, el progreso sobre la reforma seguirá siendo muy lento.
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BEIJING – El programa de reformas de China ha alcanzado un impasse. Conflictos fundamentales de intereses y mecanismos sutiles de resistencia bloquean su progreso. Hasta que no se eliminen estas barreras, existen pocas esperanzas de que la economía en desaceleración de China -que creció el 7,4% en 2014, su tasa más baja en casi 25 años- pueda esperar que la reforma le dé el impulso que necesita.
Los líderes chinos son bien conscientes de lo difícil que puede resultar implementar reformas drásticas. Cuando Deng Xiaoping lanzó su programa radical de "reformas y apertura" en 1978, enfrentó una oposición feroz -principalmente de ideólogos apasionados y reaccionarios revolucionarios-. De la misma manera que la condición y la fortalezade Deng le permitieron enfrentar a sus opositores y mantener la modernización económica de China en curso, el liderazgo resuelto del presidente Xi Jinping puede superar los intereses particulares e implementar las reformas necesarias.
Por supuesto, reconciliar la desalineación fundamental de intereses en China no será tarea fácil -entre otras cosas porque los grupos de intereses no discutirán reformas, mucho menos les ofrecerán resistencia, de una manera abierta y transparente-. Sólo se han hecho pequeñas concesiones para reducir la intervención del gobierno, afectando poderes que o son irrelevantes o, en realidad, nunca existieron.
Existen dos tipos de conflictos de intereses entre los organismos gubernamentales. Primero, la poderosa burocracia de China es reacia a ceder sus poderes en nombre de la liberalización y un giro hacia una economía más orientada al mercado.
Por ejemplo, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC, por su sigla en inglés) es la institución gubernamental a nivel ministerial responsable de las empresas de propiedad del estado (SOE, por su sigla en inglés). Su tarea hoy incluye eliminar el poder monopólico de las SOE, que está obstruyendola competencia de mercado. Pero reducir el poder de las SOE también implicaría un rol disminuido para la SASAC -y, muy probablemente, su eventual obsolescencia-. Como resultado, los esfuerzos por combatir el monopolio están decayendo, y la próxima etapa de reforma -la transición a un "sistema de titularidad conjunta"-sigue estando lejos.
De la misma manera, la Administración Estatal de Divisas (SAFE, por su sigla en inglés), la subsidiaria del Banco Popular de China que controla las transacciones en moneda extranjera de los bancos comerciales y los hogares, obtiene su poder del control de los ingresos y los egresos de capital. Al reconocer que un progreso hacia una liberalización de la cuenta de capital implicaría su eventual desaparición, la SAFE presentó numerosas excusas (a las que las recientes crisis financieras en Occidente le otorgan crédito) para retener un control férreo de las transacciones con moneda extranjera. En consecuencia, a pesar del compromiso manifiesto del gobierno de liberalizar la cuenta de capital, el Banco Popular de China todavía tiene que hacer un progreso visible.
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Sin embargo, el gobierno central sigue mostrándose reacio a hacer cambios significativos en el modelo de distribución de los ingresos. Está receloso no sólo de los efectos en sus arcas, sino también de lo que implicaría otorgar una mayor autonomía a las autoridades locales. Es más, duda de la capacidad de los gobiernos locales de administrar correctamente sus presupuestos y utilizar los ingresos tributarios adicionales de manera eficiente.
La contradicción esencial, como demuestran estos ejemplos, reside entre los objetivos del proceso de reformas y los incentivos que los apuntalan. En ningún lugar esto es más claro que en el "sistema de titularidad mixta", concebido por el Tercer Plenario del 18 Comité Central del Partido Comunista de China. Alentar al sector privado a tomar participaciones en SOE en áreas estratégicas como la energía, la electricidad y las finanzas supuestamente aumentará la competencia, impulsará la eficiencia y reducirá la presión sobre el gobierno para invertir.
Ahora bien, ¿por qué los inversores privados deberían poner su dinero en una SOE? Como accionistas minoritarios en firmas cuyos administradores son designados por el Ministerio Central de Personal, los actores privados no pueden influir en la toma de decisiones. Hasta que el gobierno central no esté dispuesto a ceder su control sobre la administración de las SOE, las reformas de titularidad probablemente sólo generen un interés tibiode parte del sector privado.
Si se las implementa plenamente, la ronda actual de reformas tendrían un impacto de amplio alcance en la economía política de China, porque desplazan el equilibrio de poder de los funcionarios a los mercados. Esto le permitiría a China continuar su ascensión hacia un status de altos ingresos, mejorando el bienestar de millones de sus ciudadanos en el camino.
Sin embargo, los intereses particulares no recularán. Si bien no se opondrán abiertamente a las reformas, las seguirán posponiendo y no cesarán de infundir temor sobre la inestabilidad económica y la tensión social, con la intención de evitar los cambios que amenazan con disminuir su condición y sus privilegios. Hasta que los máximos líderes de China no superen esa resistencia, el progreso sobre la reforma seguirá siendo muy lento.